Son 40.000 los segundos de publicidad electoral a favor del Partido Justicialista (PJ) que remecieron el directorio de Canal 10. La propaganda -por un valor de $ 3,6 millones- no fue solicitada formalmente ni contabilizada en el balance 2015 (año electoral) de la emisora, tal como dio a conocer LA GACETA a fines del mes pasado.

A las críticas del Sindicato Argentino de Televisión y a los cuestionamientos de la oposición, se sumó ayer un nuevo sacudón: el director Daniel Moeremans puso a disposición su renuncia. En los tres párrafos dirigidos a la rectora Alicia Bardón, el funcionario explica que no se siente responsable de la irregularidad y que procuró que la situación fuera resuelta desde el año pasado.

El Canal es administrado por un triunvirato: Mauro Feldman y Moeremans son los representantes del 70% de las acciones de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y Alejandro Laurnagaray del 30% restante, que corresponde a la Provincia. Tras la presentación de la dimisión, corrieron por los pasillos universitarios rumores sobre la posibilidad de que los otros directores siguieran el mismo camino.

“Amargura”

Moeremans adujo que su decisión se produjo por motivos personales e institucionales. Afirmó por un lado, que resguardará a su familia ante el anuncio del abogado Oscar López de que radicaría una denuncia penal contra los directores y, por el otro, que pretende que se mantenga la imagen de la institución.

“Tengo una sensación de amargura. He tratado de que Canal 10 sea plural, procurando que tanto en el informativo como en nuevos programas se trasluzca ese pluralismo y haciendo las cosas lo más transparente posible. Lamentablemente no todo depende de mí”, lamentó.

Moeremans, que ocupa el cargo desde 2014, consignó que la irregularidad era vox populi. “Por comentarios de pasillo, desde el año pasado se sabía. Pedí que se arbitraran las medidas para investigar y eso se pudo lograr recién este año, cuando el agua estaba subiendo hasta el cuello”, expresó. Recordó que se inició un sumario y que espera que se concluya para que surjan los responsables de la omisión. “En base a eso emprenderé las acciones que correspondan”, consignó.

La denuncia por la publicidad emitida y no facturada -entre julio y agosto de 2015- había salido a la luz en la sesión del Consejo Superior del 9 de agosto. El consejero Ricardo Cisneros había efectuado una presentación para que no se aprobara el balance del Canal hasta tanto no hubiera precisiones sobre la publicidad. Por decisión del Consejo, el requerimiento pasó a la comisión de Hacienda. Minutos antes, Bardón había advertido que se trataba de una empresa privada y que por lo tanto, era mejor mantener reserva. El asunto generó roces en el directorio y entre las autoridades universitarias.

En paralelo, una auditoría y un sumario ya estaban en marcha en la emisora. La anomalía se había detectado cuando un empleado de larga trayectoria del canal denunció el año pasado el accionar de uno de los directores, quien habría solicitado que se borrara la base de datos donde quedaban registrados los comerciales. La denuncia apuntaría a Laurnagaray. “Veo una intención de ensuciarme y el que intente hacerlo va a tener que responder ante la justicia, sobre todo cuando está mintiendo”, había expresado el representante de la Provincia.

Desde el PJ se había afirmado que si la deuda era real, se pagaría.

El vicerrector de la UNT, José García, consideró que “hubo un incumplimiento de funciones” por parte de los directores.